Las nuevas medidas de inmigración y asilo establecidas en el Proyecto de Ley C-12 (Ley para Fortalecer el Sistema de Inmigración y Fronteras de Canadá) ya han entrado en vigor, introduciendo cambios importantes en la elegibilidad para solicitar asilo, en los procesos de tramitación, en el intercambio de información y en la gestión de documentos migratorios. En cuanto a los nuevos requisitos de elegibilidad para solicitudes de asilo, Canadá mantiene su sistema de protección para personas que puedan demostrar un riesgo real de persecución o daño grave, pero ahora establece que las solicitudes presentadas más de un año después de la primera entrada al país, posterior al 24 de junio de 2020, no serán remitidas a la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá (IRB), sin importar si la persona salió o volvió a ingresar posteriormente. Asimismo, las personas que entren de manera irregular entre puertos de entrada a lo largo de la frontera terrestre entre Canadá y Estados Unidos y presenten su solicitud después de 14 días tampoco serán remitidas al IRB. Estas medidas buscan reducir la presión sobre el sistema, cerrar vacíos legales y evitar que el asilo sea utilizado como una vía alternativa a los procesos migratorios regulares. No obstante, quienes se vean afectados aún podrán acceder a una Evaluación de Riesgo Previa a la Expulsión (PRRA) para evitar ser devueltos a países donde enfrenten persecución, tortura u otros riesgos, y se contempla una consideración especial para menores no acompañados. No hay cambios en el Acuerdo de Tercer País Seguro, por lo que las personas que soliciten asilo en la frontera con Estados Unidos o dentro de los primeros 14 días tras una entrada irregular seguirán siendo devueltas, salvo que cumplan con alguna excepción. Además, el proceso de asilo será modernizado en los próximos meses mediante actualizaciones al reglamento, con el objetivo de simplificar las solicitudes en línea, reducir duplicidades, remitir únicamente casos completos y listos al IRB, asegurar que las decisiones se tomen mientras el solicitante esté físicamente en Canadá, considerar abandonadas las solicitudes si la persona regresa voluntariamente a su país antes de una decisión, eliminar casos inactivos, agilizar las salidas voluntarias y brindar apoyo a personas vulnerables mediante representantes en sus procesos. Por otro lado, IRCC ahora cuenta con autoridad legal clara para compartir cierta información personal tanto dentro del propio departamento como con socios gubernamentales federales, provinciales y territoriales, lo que permitirá mejorar la coordinación y la prestación de servicios, siempre bajo acuerdos formales y con salvaguardas para proteger la privacidad y los derechos de los solicitantes. Este intercambio incluye datos de identidad, estatus y documentos migratorios, así como la posibilidad de utilizar información entre distintos programas, por ejemplo, de residencia permanente a ciudadanía. Finalmente, el gobierno canadiense incorpora nuevas facultades para gestionar documentos migratorios como visas, permisos de trabajo, estudio y autorizaciones electrónicas de viaje, pudiendo cancelarlos, suspenderlos o modificarlos, así como pausar o cancelar solicitudes en casos de interés público, como fraude, errores administrativos o riesgos para la salud y la seguridad. Estas decisiones requieren aprobación del Gobernador en Consejo, deben publicarse oficialmente y reportarse al Parlamento, garantizando transparencia y rendición de cuentas, y no afectan las solicitudes de asilo ni otorgan facultades para modificar directamente el estatus migratorio de una persona.
Las nuevas medidas de inmigración y asilo establecidas en el Proyecto de Ley C-12 (Ley para Fortalecer el Sistema de Inmigración y Fronteras de Canadá) ya han entrado en vigor
