Como joven activista por la justicia social en el México de los años setenta y ochenta, Uuc-kib Espadas Ancona sabía que tenía pocas posibilidades de lograr cambios a través del sistema electoral. El Partido Revolucionario Institucional, que gobernó el país durante 71 años consecutivos, controlaba la maquinaria electoral y se aseguraba de que sus candidatos ganaran siempre. Cuando protestó por las elecciones presidenciales de 1988, flagrantemente manipuladas, la policía reprimió violentamente las manifestaciones.
«Era indignante: estaban robando las elecciones. Nos enfadamos y nos movilizamos. Pero fue inútil», recuerda.
Ahora, a sus 59 años, académico y consejero del Instituto Nacional Electoral, el organismo electoral independiente que surgió de la transición de México a la democracia en la década de 1990, el Sr. Espadas teme que el país esté a punto de volver a esa época oscura.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha lanzado una serie de reformas destinadas a reducir el poder del INE y flexibilizar las normas electorales. El Sr. Espadas lo ve todo como un intento de subyugar la democracia a Morena, el partido político gobernante del presidente.
«Es una tendencia autoritaria», dijo en la sede del INE, un complejo de edificios de estuco gris y rosa en el cruce de dos avenidas en los suburbios de Ciudad de México. «El objetivo es hacer del INE una institución débil».
Desde que asumió el cargo en 2018, el Sr. López Obrador ha recibido regularmente acusaciones de autocracia. Ha ampliado el papel de los militares, ha considerado la abolición de varios organismos reglamentarios independientes y ha hecho caso omiso de la ley constitucional para restringir los proyectos de energía verde. Pero nada de esto ha encontrado la fuerte oposición provocada por sus esfuerzos de cambiar el INE.
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El año pasado, el Presidente trató de impulsar una reforma constitucional que disolvería la Comisión de 11 miembros del Consejo de Gobierno, que actualmente es nombrada por el Congreso a partir de una lista de expertos con mandatos escalonados. En su lugar, se establecería un órgano electo de siete miembros vinculado al ciclo electoral del presidente. Tras multitudinarias protestas a favor y en contra de la ley, los congresistas de la oposición se unieron para bloquearla.
Por ello, López Obrador presentó lo que denominó «Plan B», un proyecto de ley que pretende recortar el presupuesto del INE y eliminar algunas de las famosas y estrictas normas mexicanas sobre las campañas electorales. La principal consecuencia, según el organismo, sería el despido de más del 84% de los trabajadores electorales, lo que aumentaría el riesgo de que las mesas electorales fueran ocupadas por operadores políticos o no abrieran en absoluto.
Jorge Álvarez Maynez, legislador del partido opositor Movimiento Ciudadano, afirma que López Obrador suele eludir las preocupaciones sobre las instituciones democráticas del país como problemas del primer mundo de escasa importancia cotidiana. Con el INE, sin embargo, dijo Álvarez, hubo una respuesta mucho más fuerte de los ciudadanos.
«Esto es diferente, porque la gente siente que tenemos una democracia -con fallas, con cosas que se pueden discutir o tratar de mejorar- pero tenemos una democracia», dijo. » Esto fue un gran error para él».
Debido a la historia de México, el INE ocupa un lugar destacado entre las instituciones del Estado. Además de mantener la infraestructura electoral del país, utiliza un sistema parecido al de los jurados para reclutar a ciudadanos normales que ayuden durante la votación. Este sistema está diseñado para que sea imposible hacer trampas y para que los mexicanos participen en el proceso.
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La institución también aplica algunas de las leyes electorales más estrictas del mundo. Los políticos sólo pueden hacer campaña durante periodos electorales limitados y se les prohíbe utilizar sus cargos actuales para la promoción electoral.
Varios de los aliados políticos de López Obrador han incumplido estas normas, incluido un candidato a gobernador que fue expulsado de la elección por no presentar la documentación financiera. La oposición ha presentado denuncias contra la alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, protegida del presidente, por celebrar actos de campaña en todo el país antes de las elecciones presidenciales del próximo año.
A pesar de todo, López Obrador sigue siendo popular, con índices de aprobación del 60%. Esto puede deberse en parte a su estilo de comunicación directa, basado en conferencias de prensa diarias de dos horas de duración. También es probable que se deba a su expansión de los programas gubernamentales que entregan cheques mensuales a los mexicanos, una forma muy tangible de redistribución de la riqueza que encaja con su marca populista de izquierda.
Una persona con información privilegiada sobre el gobierno de López Obrador dijo que el presidente piensa en las políticas que serán más populares entre sus seguidores. Por esa razón, sus decisiones a menudo no se ajustan a un plan ideológico coherente para gobernar.
The Globe and Mail no revela la fuente porque no está autorizada a hablar públicamente sobre asuntos internos.
López Obrador ha acusado a quienes se oponen a la reforma electoral de ser elitistas anticuados.
«Fue una especie de striptease político público del conservadurismo en México», dijo sobre las protestas contra la política. «Esto es muy bueno (…) porque si esto no aflora y se queda en la clandestinidad, perjudica mucho a que tengamos una mejor sociedad, más justa, más igualitaria, más fraterna».
Fernando Belaunzarán Méndez, que ayudó a organizar las protestas, sostiene que la imagen progresista del Sr. López Obrador es poco más que pura apariencia. El presidente ha impuesto austeridad fiscal al gobierno, no ha cumplido su promesa de sanidad universal y no ha hecho prácticamente ningún esfuerzo por avanzar en lo relativo al acceso al aborto.
En cambio, el Sr. Belaunzaran ve al Sr. López Obrador como parte de un grupo más amplio de políticos «antiliberales», entre ellos el primer ministro Viktor Orban de Hungría, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela y el expresidente Donald Trump de Estados Unidos.
«En estos tiempos, la diferencia entre la izquierda y la derecha es: ¿Estás a favor de la democracia o de la autocracia?» dijo el Sr. Belaunzaran. «Él no es de izquierda».
El presidente ha causado preocupación por el aumento del uso del ejército en la vigilancia policial y en la frontera, y la asignación de unidades militares para ayudar a construir el nuevo aeropuerto de Ciudad de México y las líneas ferroviarias en Yucatán. Ha hablado de poner bajo el control directo de su gobierno varios organismos de control actualmente independientes, como el Instituto Nacional de Transparencia y la Comisión Federal de Competencia Económica del país.
Mientras tanto, en el sector de la electricidad, la administración de López Obrador ha bloqueado los permisos para proyectos privados de generación solar y eólica, favoreciendo en su lugar las plantas estatales que queman fuelóleo, en contra de las disposiciones de la Constitución mexicana que exigen una competencia abierta en el mercado de la energía.
«El objetivo es el control. Cualquier cosa que se mueva con independencia del gobierno se considera peligrosa», afirma Montserrat Ramiro Ximénez, experta en energía y ex directora de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Por su parte, el Sr. Espadas, funcionario electoral, considera que las reformas del Sr. López Obrador son sólo un síntoma de un problema mayor que causa una «recesión global de la democracia». Para mucha gente, dijo, los gobiernos electos no han supuesto ninguna mejora en su vida cotidiana. Los líderes democráticos deben demostrar que pueden ayudar de forma tangible a las personas que los han elegido; si no lo hacen, el sistema por el que ha pasado su vida luchando tiene las horas contadas.
«México es un país que ha logrado construir una democracia donde hace 40 años no había elecciones libres. Pero eso puede cambiar».
Fuente: The Globe and Mail
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