Por Susan Noakes, Noticias CBC
Separada por su empleador, una mujer Mexicana fue forzada a realizar actos sexuales bajo amenaza de ser enviada de regreso a su país.
OPT se reúne con Cathy Kolar de Asistencia Legal de Windsor. Un tribunal de derechos humanos le otorgó 150,000 dólares en un caso relacionado con abuso sexual y discriminación. (Joan Leishman / CBC)
La experiencia de una mujer mexicana, conocida como OPT, es un caso clásico de la terrible situación que las mujeres enfrentan cuando confrontan los abusos y limitaciones del programa de trabajadores extranjeros temporales de Canadá.
Traída de México para trabajar en una planta empacadora de pescado en Wheatley, Ontario, OPT pronto fue identificada por su empleador dándole atención especial, separándola de las otras mujeres.
Primero fueron comentarios inapropiados, luego tocamientos, y luego amenazas de regresarla a casa a menos que ella accediera a actos sexuales. Le habían quitado el pasaporte y tenía miedo. Otra mujer que trabaja para el mismo empleador fue enviada de regreso a México después de rechazar sus
insinuaciones.
Un tribunal de derechos humanos encontraría que ambas mujeres fueron expuestas a solicitación y acoso sexual, y discriminación en el empleo. Y no eran las únicas.
Un grupo de mujeres tailandesas que trabajaban para el mismo empleador ya había tratado de obtener ayuda para hacer frente a lo que el juez en el tribunal de derechos humanos llamaría un «lugar de trabajo envenenado sexualmente.»
Así, 39 mujeres tomarían parte en un caso penal y de derechos humanos contra Presteve Foods. Al final, sólo OPT y su hermana se quedaría durante los ocho años que tardó el obtener una sentencia.
Fue un caso flagrante de abuso, tanto es así que era difícil de creer que ocurrió en un lugar de trabajo canadiense. ¿Cómo podrían tantas mujeres ser impotentes frente aun empleador que utiliza la amenaza de deportación para obligar sus avances sexuales?
«Por qué el gobierno provincial ignoró esto y por qué no se pone a discusión ahora que ha salido a la luz de esta decisión, sobre todo cuando se tiene un caso de… mujeres vulnerables”
– Cathy Kolar, de Asistencia Jurídica de Windsor el caso es importante porque reconoce la vulnerabilidad de las mujeres en los programas de TFW y sus vulnerabilidades estructurales – no sólo por lo que ocurrió en este caso», dijo Kerry
Preibisch, un experto en trabajadores migrantes quienes dieron testimonio ante el Tribunal de Derechos Humanos de Ontario.
El empleador tiene todo el poder Preibisch menciona cómo el estar atado a un solo empleador, con ese empleador teniendo toda la discreción sobre la cantidad de dinero que hacen, dónde viven y cuando son enviados a casa, hace a las mujeres vulnerables al abuso.
«Un empleador de baja calidad tiene el poder absoluto en esa relación. Su capacidad de trabajar depende de un solo empleador designado», dijo a CBC News.
Debe haber varios cambios en el programa federal que admite a trabajadores extranjeros con visas, dijo, pero el primero debe ser para permitir el cambio de empleador. De lo contrario, los empleadores simplemente amenazan con enviarlos a casa si se quejan de las condiciones de trabajo, condiciones de vida, seguridad o abusos.
En el caso de OPT, ella fue forzada a realizar actos sexuales en un coche cuando su empleador le transportaba a una cita médica y más tarde en su dormitorio en la casa propiedad del mismo empleador – en donde vivían varios trabajadores migrantes.
FOTO: Trabajadores cargan cajas de coles en el camión en Arroyo Grando, California. La mayoría de los inmigrantes que llegan a Canadá y los EE.UU. en virtud de los programas de trabajadores agrícolas son hombres. (Jae C. Hong / Associated Press)
El conciliador Marcos Hart otorgó $ 150,000 a OPT y $ 50,000 a otra mujer, afirmando que se había abusado de sus derechos, pero no llegó al punto de hacer recomendaciones al gobierno federal sobre el programa de trabajadores extranjeros temporales. Mencionó que no era parte de su papel como juez del tribunal.
Sin embargo, el informe destacó la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes «sobre todo en vista de que el permiso de trabajo cerrado les obliga a estar atados a un solo empleador y así estar bajo la constante amenaza y miedo de perder su empleo y ser repatriado sin razón y sin ninguna vía de apelación o revisión».
Pobres y vulnerables
Preibisch dijo que muchas mujeres que llegan a Canadá bajo el programa de trabajadores extranjeros temporales son madres solteras y único sostén de su familia. Ellas han hipotecado las tierras de la familia o se han metido en deudas para pagar un reclutador y así acceder a un puesto de trabajo en Canadá. Sienten que no pueden permitirse el lujo de ser enviado a casa.
Bajo el programa de trabajadores poco cualificados, uno de los tres programas que afectan las visas de trabajadores temporales en Canadá junto con los trabajadores agrícolas y los cuidadores en casa, aproximadamente el 65 por ciento de los admitidos son hombres.
Estas mujeres ya han desafiado las probabilidades de conseguir un trabajo en
Canadá, superando la discriminación en las prácticas de contratación en sus propios países. Al elegir trabajar en Canadá, evitan tener que hacer un viaje peligroso con bandas criminales para colarse en los EE.UU. a trabajar.
“Creo que los que escuchen de esta decisión, incluidos los empleadores, debe entender que las personas que vienen a trabajar aquí son personas pobres y vienen a trabajar” – OPT
Los informes anecdóticos de acoso sexual
en el pasado a menudo involucran a los compañeros de trabajo, dijo Preibisch. «Las mujeres están trabajando en ambientes masculinos y estas mujeres son vistas como sexualmente disponibles por parte de sus compañeros de trabajo», dijo.
Muchas están aisladas socialmente, ya sea porque no pueden hablar Inglés, o porque están trabajando en las zonas rurales, o trabajan largas horas. Y muy pocas conocen sus derechos en el lugar de trabajo.
La única razón por la que OPT y su hermana fueron capaces de llevar su caso a término se debe a que un grupo de derechos de los trabajadores migrantes y de un sindicato se involucraron.
Justicia para los Trabajadores Migratorios trabajó inicialmente con un grupo de 29 trabajadores sindicalizados tailandeses de Presteve Foods. Estas mujeres se aproximaron a Justicia en busca de ayuda, ya que dijeron que no se les pagaba como había sido prometido.
Fue mientras estas mujeres tailandesas estaban hablando a Justicia acerca de sus condiciones de trabajo que las primeras historias de abuso sexual en el lugar de trabajo comenzaron a surgir. Hubo un intento de retirar la certificación del sindicato, Unifor, pero los trabajadores votaron a favor de permanecer sindicalizados, despejando el camino para Unifor para que su caso avanzara.
Un lugar de trabajo «envenenado sexualmente” Unifor añadió otras 10 mujeres mexicanas, que fueron contratadas por la misma empresa, a una queja que finalmente terminó en el escritorio del tribunal de derechos humanos. Inicialmente había 17 denuncias ante el tribunal, seis de ellas involucraban mala conducta sexual.
El caso fue por primera vez a un juicio penal, donde el dueño de Presteve Alimentos fue condenado solamente por un cargo de asalto. Mientras tanto, algunas de las mujeres fueron enviadas a casa, algunas se fueron por su propia voluntad, algunas que trabajaban para un reclutador fueron capaces de ser transferidas a otro trabajo.Varias de las mujeres aceptaron un acuerdo de Presteve Foods. Para muchas, la experiencia fue demasiado traumática para quererse quedar.
Sólo OPT y su hermana duraron hasta el final, ocho años después de que los abusos comenzaron. «El trabajo que hice fue como fileteadora de pescado, pero la manera en que nos trataron muy, muy fea», dijo OPT a CBC News. «Él siempre estaba enojado, nos gritaba, fuimos humillados.
«Creo que los que escuchen esta decisión, incluidos los empleadores, debe entender que las personas que vienen a trabajar aquí son pobres y vienen a trabajar», dijo.OPT dijo que esperaba que su caso pudiera ayudar a que otras mujeres fueran valientes. «Espero que haya una diferencia, que la gente sea capaz de hablar, y que se queden en silencio.»
Cathy Kolar de Asistencia Legal del Windsor ha trabajado en estrecha colaboración con las dos mujeres y tiene preguntas para los gobiernos federal y provinciales ahora que el caso de derechos humanos se ha cerrado.
«Por qué el gobierno provincial ignoró esto y por qué no se pone a discusión ahora que ha salido a la luz de esta decisión, sobre todo cuando se tiene un caso de… mujeres vulnerables” Cathy Kolar, de Asistencia Jurídica de Windsor «Ahora le corresponde al gobierno federal y provincial preguntarse qué pasó en el programa. Hemos articulado con claridad los problemas dentro del programa.»
