Globe editorial
The Globe and Mail
Published Monday, Jun. 30 2014, 7:30 PM EDT
Last updated Monday, Jun. 30 2014, 9:46 PM EDT
La Celebración del Día Nacional de Canadá es una época en que muchos de nosotros nos sentimos felices por lo que significa ser Canadiense. Este año, el gobierno federal nos ha dado pocas razones para celebrar, después de pasar por una ley que redefine drásticamente y debilita lo que eso significa sustancialmente.
En un aspecto, la Ley C-24 es recomendable. Se fortalece la ciudadanía canadiense, haciéndola más difícil de adquirir. La nueva ley alarga el requisito de residencia y solicita una declaración de intenciones para los aspirantes que deseen obtener la ciudadanía canadiense, para asegurarse de que en realidad planean vivir en este país. Estos son buenos movimientos que sin duda reducirá el número de “los canadienses por conveniencia”, a los que se conocen como las personas con pasaportes canadienses para viajes o asistencia consular, y además tienen poca conexión con Canadá.
Pero la ley también cuenta con la otra cara de la moneda, que es mucho más oscura. Se le da al gobierno la facultad de despojar a la ciudadanía a cualquier ciudadano dual, condenados por terrorismo, traición o espionaje en el extranjero. Las consecuencias son preocupantes e injustas para 863.000 personas con doble nacionalidad canadiense. Corren el riesgo de ser tratados como algo menos que el ser canadiense. Hay un, lado sumamente nacionalista en el mal sentido para esta ley, que puede jugar bien con algunos votantes, pero no tiene lugar en un Canadá moderno y multicultural.
Por supuesto los canadienses declarados culpables de crímenes en los tribunales creíbles, deben ser castigados conforme a la ley, y efectivamente lo son. Pero el proyecto de ley C-24 le da al gobierno el poder de revocar la ciudadanía como algún tipo de penalización adicional. Es redundante en los casos cuando un ciudadano es declarado culpable de un crimen. Es muy peligroso para los que no lo son. Bajo la nueva ley, por ejemplo, el periodista Al Jazeera Mohamed Fahmy podría ser despojado de su ciudadanía canadiense, porque fue condenado por terrorismo en un tribunal egipcio. Ottawa ha dicho que no se aplicaría la ley en el caso del señor Fahmy, pero el hecho de que se haya tenido que responder a la pregunta, nos debe dar toda pausa.
El Ministro de Ciudadanía e Inmigración, Chris Alexander, ha defendido su proyecto de ley con el argumento de que obtener la ciudadanía es un privilegio, más no un derecho. Efectivamente se equivoca. La ciudadanía puede venir con responsabilidades, pero es un derecho. Y una vez adquirida legítimamente, por nacimiento o por naturalización, no puede ser despojada. El proyecto de ley C-24 le da al gobierno el tipo de poder arrollador que es común en las dictaduras, no en una democracia basada en el imperio de la ley, donde todos los ciudadanos son iguales. Los cambios a la Ley de ciudadanía erosionan los principios básicos, la creación de una ciudadanía de dos niveles que diluye lo que significa ser canadiense.
